El sábado 8 de febrero de 2025, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que bloquea el acceso del equipo de Elon Musk al sistema de pagos del Departamento del Tesoro de EE. UU. Según informes de la BBC y CNN, el juez Paul Engelmayer citó el riesgo de “daño irreparable” al tomar esta medida.
La orden de Engelmayer prohíbe temporalmente al equipo de Musk, conocido como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), acceder a un sistema de pagos crítico que distribuye devoluciones de impuestos, beneficios de Seguridad Social, pagos por discapacidad y salarios de empleados federales. El juez también ordenó la destrucción de cualquier información descargada desde el sistema por cualquier persona que haya tenido acceso desde el 20 de enero.
La Casa Blanca calificó la orden del juez como un “exceso judicial” y afirmó que la eficiencia gubernamental es necesaria para eliminar el desperdicio y el fraude. Por su parte, Musk criticó la decisión en un post en su plataforma social X, llamando a la orden “absolutamente insana” y acusando al juez de ser “un activista que se hace pasar por juez”.
La orden judicial fue emitida en respuesta a una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y 18 fiscales generales de otros estados contra la administración Trump. La demanda alega que el acceso de DOGE a los datos del Departamento del Tesoro “representa riesgos enormes de seguridad cibernética” y viola varias leyes federales. James afirmó que el equipo de Musk no tiene autoridad para acceder a la información privada de los estadounidenses y que el presidente no puede cortar pagos federales aprobados por el Congreso.
La orden judicial es solo un paso temporal, con una audiencia programada para el 14 de febrero. Sin embargo, este incidente ha exacerbado las tensiones entre la administración Trump y los estados demócratas, y ha generado un debate sobre el alcance de la autoridad presidencial y la transparencia gubernamental. Musk y su equipo DOGE han sido acusados de interferir en fondos aprobados por el Congreso y de violar la separación de poderes.
