En una de sus primeras y más controvertidas decisiones tras asumir su segundo mandato presidencial, Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos. Esta medida busca facilitar el despliegue de tropas y acelerar la construcción de barreras adicionales para contener lo que su administración considera una “crisis migratoria sin precedentes”.
El anuncio de la emergencia nacional vino acompañado de un cambio drástico en las directrices migratorias. Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de protecciones en lugares tradicionalmente considerados seguros, como iglesias, escuelas y hospitales. Estas nuevas directrices han permitido que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incremente significativamente las redadas y detenciones, incluso en zonas previamente respetadas como refugios humanitarios.
Deportaciones Masivas y Repercusiones Humanitarias
En los primeros días de aplicación de estas políticas, al menos 24 personas fueron deportadas a Tijuana, México, tras ser detenidas en sus lugares de trabajo en Denver, Colorado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en las comunidades migrantes y ha reafirmado su compromiso de trabajar con organizaciones locales e internacionales para brindar apoyo a los deportados. “México no cerrará las puertas a quienes buscan reconstruir sus vidas,” declaró Sheinbaum en un discurso reciente, mientras hacía un llamado al diálogo con la administración de Trump.
