Reino Unido podría aumentar impuestos ante crisis fiscal creciente

El gobierno británico podría anunciar pronto un nuevo paquete de subidas fiscales. Las finanzas públicas se encuentran bajo presión por el aumento del endeudamiento, el debilitamiento del crecimiento económico y la caída en algunos ingresos tributarios clave, lo cual podría obligar al canciller Rachel Reeves a recurrir a medidas menos populares para equilibrar el presupuesto.

En agosto de 2025, el endeudamiento del sector público alcanzó niveles no vistos en cinco años, con préstamos netos de alrededor de £18 mil millones solo ese mes. Esa cifra superó ampliamente las previsiones oficiales del Office for Budget Responsibility (OBR). Analistas advierten que, dadas las obligaciones crecientes del Estado —incluyendo prestaciones sociales, intereses de la deuda y compromisos con los servicios públicos— subir algunos impuestos parece inevitable para mantener la credibilidad fiscal.

Aunque el gobierno de Keir Starmer se ha comprometido a no aumentar los impuestos principales para “la clase trabajadora”, como el impuesto sobre la renta, el IVA o los seguros sociales de los empleados, los economistas anticipan que otras palancas fiscales podrían usarse para generar ingresos. Entre las opciones que más se discuten figuran la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta, modificaciones al impuesto sobre ganancias de capital, herencias, y gravámenes sobre propiedades de alto valor o para vehículos de lujo. Estas medidas podrían afectar tanto a quienes tienen recursos altos como a clases medias sin escalas fiscales actualizadas.

Los mercados reaccionaron con cautela. La libra esterlina se depreció frente al dólar y los bonos gubernamentales registraron alzas en los rendimientos, reflejo de la preocupación por los riesgos fiscales. Encuestas recientes muestran que la confianza del consumidor ha caído, y muchos ciudadanos esperan menores beneficios o mayores costes ante posibles revisiones fiscales.

El gobierno ha dicho que evaluará los mecanismos disponibles, balanceando la necesidad de mantener los servicios públicos con la de no sobrecargar a los hogares. Se espera que el presupuesto de otoño, programado para noviembre, revele las medidas concretas. En ese contexto, la transparencia, el impacto social y la distribución regional de los efectos fiscales serán temas críticos.