La administración de Donald Trump ha dado un nuevo giro a su política migratoria al exigir que parte de los solicitantes de residencia permanente —la conocida Green Card— completen el proceso desde sus países de origen, una medida que podría transformar el sistema migratorio estadounidense y aumentar la presión sobre millones de inmigrantes temporales.
De acuerdo con Reuters y otros medios estadounidenses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó un memorándum interno que limita el llamado “ajuste de estatus”, mecanismo que permitía a personas con visas temporales solicitar la residencia sin abandonar territorio estadounidense.
La nueva directriz busca obligar a que estudiantes, trabajadores temporales y algunos familiares patrocinados completen el trámite en consulados fuera de Estados Unidos. Según el portavoz del USCIS, Zach Kahler, la medida pretende “restaurar la intención original de la ley migratoria” y evitar que las visas temporales se conviertan en una vía indirecta hacia la residencia permanente.
El endurecimiento llega en un contexto de creciente presión política sobre la inmigración en Washington. La Casa Blanca sostiene que el sistema actual ha sido utilizado durante años para “eludir” el proceso migratorio tradicional, mientras que sectores empresariales y organizaciones de derechos civiles advierten que la política podría generar disrupciones económicas y familiares.
De acuerdo con El País, los principales afectados serían trabajadores especializados, estudiantes internacionales y cónyuges de ciudadanos estadounidenses que actualmente residen legalmente dentro del país.
El Caucus Hispano del Congreso reaccionó con dureza. El congresista Adriano Espaillat afirmó que la medida “hará más difícil que personas que viven, trabajan y contribuyen legalmente a las comunidades puedan acceder a la residencia permanente”.
Las críticas también se extienden al impacto económico. Expertos migratorios sostienen que la obligación de abandonar el país durante semanas o incluso meses podría afectar cadenas de contratación en sectores como tecnología, salud e investigación científica, donde miles de trabajadores extranjeros dependen de procesos de ajuste de estatus para permanecer empleados.
Según un análisis del Cato Institute citado por medios internacionales, las aprobaciones de Green Cards ya han caído de forma significativa durante el último año, especialmente en categorías humanitarias y de reunificación familiar.
La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración Trump desde 2025, incluyendo mayores restricciones de asilo, ampliación de deportaciones aceleradas y nuevas limitaciones a visas temporales. Analistas consideran que el cambio podría derivar en litigios judiciales, especialmente si afecta a personas con procesos migratorios ya iniciados.
